Representantes de las industrias minera, forestal y salmonicultura coincidieron en que la sostenibilidad, la certeza regulatoria y la articulación territorial serán determinantes para el desarrollo de Chile en la próxima década.
La sostenibilidad, la certeza regulatoria y la articulación territorial se consolidan como factores críticos para el desarrollo productivo de Chile. En el Summit Chile Impacta, líderes de la minería, el sector forestal y la salmonicultura analizaron los principales desafíos que enfrentarán las industrias hacia 2026, en un contexto marcado por la transición energética, la presión normativa y la necesidad de fortalecer la competitividad.
¿Qué desafíos comparten hoy las principales industrias productivas de Chile? ¿Qué condiciones necesitan para sostener su crecimiento en los próximos años? Con esas preguntas, el panel “Agenda 2026: retos que comparten los sectores productivos de Chile” cerró la jornada del Summit “Chile Impacta | La ruta de valor compartido” en Puerto Varas. Organizado por VC Multimedia y moderado por la presidenta de la Multigremial Los Lagos, María Francisca Sanz, el conversatorio reunió Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero de Chile; Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma, y a Patricio Melero, presidente de SalmonChile.
En un escenario marcado por la transición energética, la presión regulatoria y la demanda por sostenibilidad, estos sectores enfrentan un desafío común de crecer sin perder competitividad. Desde la minería, Urenda fue enfático al cuestionar uno de los principales prejuicios del sector: que la sostenibilidad es un costo que afecta la competitividad. “Hoy la minería utiliza apenas un 4% del agua continental del país”, señaló, agregando que el avance hacia el uso de agua desalada marcará un cambio estructural en la próxima década. “De aquí a 10 años vamos a pasar de un 40% a un 70% de agua desalinizada, liberando agua fresca para otras actividades”, explicó.
También destacó el cambio en la matriz energética: “La minería ya utiliza más de un 70% de energía renovable”, lo que no solo reduce emisiones, sino que también mejora la eficiencia económica.
El desafío, sin embargo, sigue siendo complejo. La electrificación de procesos críticos, como el transporte minero y los altos costos de la energía en Chile, siguen siendo barreras relevantes. “Necesitamos políticas públicas que faciliten este camino”, advirtió.
Desde el sector forestal, O’Ryan planteó que uno de los principales problemas no es productivo, sino cultural. “El sector forestal es el tercer sector exportador de Chile, con cerca de 6 mil millones de dólares anuales y más de 250 mil empleos”, afirmó. Sin embargo, reconoció que la industria enfrenta una fuerte crítica pública que ha afectado su posicionamiento.
Frente a esto, propuso avanzar en lo que denominó una lógica de “acción CAR”: colaboración, articulación y reivindicación del desarrollo económico.
Más allá de las cifras, este sector busca posicionarse como actor clave en la bioeconomía. Desde la construcción en madera hasta los biocombustibles y biomateriales, la industria forestal apuesta por soluciones basadas en la naturaleza. “Los bosques capturan cerca del 50% de las emisiones de CO₂ del país, somos una infraestructura climática potente”, sostuvo. Al mismo tiempo, subrayó el rol territorial del sector, con presencia desde la Región Metropolitana hasta Los Lagos, y una fuerte inserción rural que conecta viveros, plantaciones, plantas industriales y puertos.
Melero, por su parte, defendió el rol estratégico del sector acuícola en un contexto global de crisis alimentaria. “La acuicultura es el camino para seguir produciendo alimentos de calidad en el futuro”, afirmó, destacando que el salmón es un producto eficiente en términos de uso de recursos, con alto valor nutricional y bajo impacto relativo en emisiones. A nivel país, enfatizó su carácter descentralizador: “Son más de 68 mil empleos en seis regiones, llegando a territorios donde antes no había alternativas económicas”.
Sin embargo, el principal obstáculo identificado no es técnico ni productivo, sino institucional. “La falta de certeza jurídica es uno de los mayores problemas del sector”, advirtió Melero. A pesar de altos niveles de fiscalización —con un 97% de incumplimiento—, la industria enfrenta procesos lentos y superposición normativa. “Una concesión puede tardar hasta 14 años en resolverse. Con ese nivel de incertidumbre, es muy difícil proyectar crecimiento”, señaló.
El contexto global también impone nuevas exigencias. En el caso de la minería, la transición energética representa una oportunidad estratégica, pero también un desafío operativo. “Se estima que en los próximos años Chile podría representar cerca del 23% de la producción mundial de minerales clave para la transición energética”, explicó Urenda. Sin embargo, aumentar la producción sin incrementar las emisiones es una ecuación compleja. El sector apunta a la electrificación y a la reducción progresiva de emisiones directas e indirectas, con metas de carbono neutralidad en el corto plazo.
Un punto transversal del panel fue la necesidad de fortalecer la producción local no solo para exportar, sino que también para abastecer al país. La moderadora, María Francisca Sanz, planteó la importancia de avanzar hacia una mayor soberanía productiva, energética y de materiales, especialmente en un contexto global incierto. Desde el sector forestal, O’Ryan reforzó esta idea: “Potenciar industrias que proveen alimentos, materiales y energía permite generar mayor autonomía y resiliencia frente a crisis externas”.
Más allá de las diferencias sectoriales, hubo un consenso evidente de que la incertidumbre regulatoria es hoy uno de los principales frenos al desarrollo. Melero fue categórico: “Nadie invierte a largo plazo en una industria que no ofrece claridad jurídica”. Urenda complementó desde la minería, “no pedimos subsidios, pedimos estabilidad en las reglas del juego”. La demanda es transversal. Se requiere menos superposición normativa, procesos más ágiles y políticas públicas coherentes con los desafíos productivos del país.
En las reflexiones finales, los panelistas coincidieron en que el desarrollo no depende únicamente de inversión o tecnología, sino que también de factores menos tangibles. Melero enfatizó el rol del capital social: “Si no cuidamos a nuestra gente, a los trabajadores, a las comunidades, el desarrollo no se sostiene”.
Desde el sector forestal, O’Ryan apuntó a la innovación como motor de transformación, especialmente en el uso de biomasa y nuevos materiales.
Urenda, en tanto, llamó a recuperar una visión integral de la sostenibilidad: “Los tres pilares —económico, social y ambiental— deben avanzar juntos”.
La agenda 2026 aparece así como una hoja de ruta exigente, donde la competitividad no se juega solo en los mercados internacionales, sino en la capacidad del país de generar condiciones internas para crecer.