Es urgente destrabar la inversión y modernizar la regulación.
La minería chilena enfrenta un momento clave: precios favorables del cobre conviven con restricciones estructurales que limitan su crecimiento. En este contexto, Jorge Riesco, presidente de Sonami, plantea la necesidad de reforzar la certeza jurídica, modernizar la regulación y destrabar la inversión para sostener el liderazgo global del país.
Al cierre del primer trimestre de 2026, la minería chilena vuelve a instalarse en el centro de la discusión económica y estratégica del país. El escenario internacional ha estado marcado por un ciclo favorable del cobre, que superó los US$5,6 por libra al finalizar el año pasado, fortaleciendo los ingresos del sector. Sin embargo, este período de precios altos ha coexistido con restricciones estructurales que mantuvieron la producción en torno a los 5,4 millones de toneladas anuales, abriendo un debate sobre la capacidad real de expansión de la industria.
Aunque la actividad minera representó el 59% de las exportaciones nacionales en el último ejercicio y aportó el 11,6% del PIB, la inversión efectiva registró una contracción estadística. El foco de la discusión ya no se limita a los resultados coyunturales, sino a la posibilidad de transformar condiciones favorables en crecimiento sostenido y valor compartido. A ellos se suman las exigencias de la transición energética global, la creciente competencia internacional por atraer capital y la necesidad de avanzar en mayor certeza regulatoria, modernización de procesos y medidas que permitan materializar proyectos actualmente en carpeta.
En el inicio de un nuevo ciclo político, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) ha presentado una hoja de ruta con 50 propuestas para los primeros 100 días de gobierno, orientadas a destrabar una cartera de inversiones estimada en US$26.800 millones para el período 2025-2029, planteando que el desafío no se reduce a la extracción de mineral, sino que incorpora integración territorial, encadenamientos productivos y estándares socioambientales más exigentes, en un sector que hoy emplea a más de 304 mil trabajadores de forma directa.
En entrevista exclusiva con VC Magazine, Jorge Riesco, presidente reelecto de Sonami, habla sobre la agenda del gremio para 2026 y los desafíos que enfrenta Chile para sostener su liderazgo en minería de clase mundial.
SONAMI ha trabajado de forma coordinada con otros sectores industriales para impulsar una estrategia común de desarrollo minero.
¿Cómo esperan profundizar esa colaboración en este nuevo mandato?
La minería es compleja y multidisciplinaria, territorialmente descentralizada y susceptible de generar enormes impactos en localidades y una amplia cadena de suministros e insumos, materiales e inmateriales; por eso, requiere una mirada país y de largo plazo. Hemos trabajado coordinadamente con nuestros socios, con asociaciones gremiales regionales, con la Confederación de Producción y el Comercio (CPC) y otros gremios, proveedores y el mundo académico para alinear propuestas concretas en inversión, productividad y formación de capital humano, e integrando activamente instancias tripartitas como la Comisión Sectorial Minera del Consejo Superior Laboral y ChileValora, donde se abordan políticas de empleo y seguridad, así como organizaciones transversales como el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
En este ciclo político que comienza, queremos profundizar ese trabajo y construir una hoja de ruta compartida que permita ejecutar proyectos con estándares altos y plazos predecibles. El resultado que buscamos es tangible. Queremos más proyectos materializados, mayor producción y empleo, no solo declaraciones de intención, y que además todo esto lleve a mayor integración con comunidades e inclusión.
¿Qué medidas impulsará en 2026 para agilizar la permisología sin comprometer los estándares ambientales?
Queremos enfocarnos en una agenda acotada, pero concreta y realizable. Modernizar el reglamento del SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental) para elevar el umbral de ingreso al sistema por parte de la pequeña minería y facilitar modificaciones que incrementen la producción y no generen impactos relevantes son pasos prácticos que pueden marca una diferencia real.
A eso se suma una revisión de la Ley SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) con criterios técnicos claros y proporcionales, que entreguen certezas y repongan un régimen de amparo basado solo en patentes para recobrar la estabilidad jurídica de la propiedad minera. El objetivo es establecer plazos definidos, reducir la discrecionalidad y mejorar la coordinación entre servicios para que los proyectos avancen sin incertidumbre innecesaria.
Como Sonami entregamos al presidente electo un documento con 50 medidas muy concretas para reimpulsar la minería, varias de las cuales pueden adoptarse dentro de los primeros 100 días y enviar una señal potente de confianza.
Más allá de la permisología, ¿cuáles son hoy las principales trabas estructurales que afectan la competitividad de la minería y qué soluciones proponen?
Primero, la incertidumbre regulatoria y la sobrecarga normativa que postergan o incluso impiden decisiones de inversión. Segundo, las crecientes complejidades operacionales que enfrenta la industria, como el envejecimiento de yacimientos y la caída sostenida en las leyes del mineral, que obligan a invertir cada vez más solo para mantener la producción. Tercero, la débil conversión de la cartera de proyectos en inversión efectiva, es decir, pocos proyectos nuevos ingresando y aportando producción fresca.
Además, es necesario potenciar la exploración. Sin una mirada a esta fase inicial de la cadena minera, es cada vez más difícil pensar en proyectos greenfield y, por tanto, romper el estancamiento productivo. Las soluciones pasan por estabilidad y proporcionalidad regulatoria; incentivos claros a la exploración; coordinación real del Estado, y medidas que permitan ampliar capacidad instalada y extender vida útil de faenas o, incluso, incentivarlas.
En ese sentido, entre las soluciones proponemos avanzar en ajustesespecíficos derivados de modificaciones al Código de Minería, particularmente en materia de patentes mineras y cambio de coordenadas de las concesiones. Se trata de adecuaciones para dar mayor certeza jurídica, reducir cargas administrativas innecesarias y facilitar la continuidad operacional de proyectos, especialmente en el contexto de yacimientos maduros y menores leyes de mineral.
En segundo lugar, revisar de manera integral la implementación de la Ley SBAP, incluyendo sus reglamentos y la definición de sitios prioritarios, con el objetivo de asegurar criterios técnicos claros, coherencia territorial y proporcionalidad regulatoria. Y en tercer lugar, modificar el reglamento del SEIA, incorporando dos medidas concretas, como ajustar el umbral de ingreso para la pequeña minería, elevándolo a 45 mil toneladas mensuales de mineral, y establecer un mecanismo de exención o fast track para proyectos u operaciones que no impliquen modificaciones de consideración, que puede tener enorme impacto tanto para la mediana como la gran minería.
Más allá del diagnóstico, ¿qué acciones concretas proponen para que Chile avance en litio, cobre y tierras raras? ¿Cómo atraer inversión en un escenario de mayor competencia internacional?
Debemos pasar del diagnóstico a la ejecución. Chile tiene ventajas geológicas, pero compite con países que ofrecen mayor certeza y rapidez para proyectos. Tenemos que mejorar los marcos regulatorios y hacerlos más estables con incentivos a la exploración y alianzas público-privadas que aceleren proyectos.
En cobre, el desafío es retomar el crecimiento y dejar atrás el estancamiento productivo de las últimas dos décadas. En litio, es clave destrabar la asignación de concesiones o contratos especiales de operación para atraer inversión y ampliar la participación del sector privado, ofreciendo reglas contractuales claras, que den confianza a quienes apuestan por esta industria.
Y en tierras raras, debemos generar condiciones reales para que la exploración despegue y se convierta en proyectos concretos.
Al final, todo se resume en algo mucho más simple: si Chile ofrece estabilidad y reglas claras, el capital de largo plazo va a llegar. Tenemos fe de aquello. La minería debe ser vista por el Estado y sus autoridades como una oportunidad de colaboración para el desarrollo sustentable, para cambiar y mejorar la vida de muchas personas y localidades.
¿Hay reformas que concretar en los primeros 100 días del nuevo gobierno?
Chile debe volver a reforzar la certeza jurídica, resguardar la continuidad operacional y evitar trabas y sobrecostos que desincentivan la inversión, especialmente en un contexto de yacimientos maduros y menores leyes de mineral. Si logramos impulsar eso al inicio del gobierno, se enviará una señal potente a los mercados, fundamental en el difícil contexto geopolítico actual.